Por: Diego Avancini -Presidente del Bloque La Libertad Avanza Tigre

La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad penal vuelve a ocupar un lugar central
en la agenda pública. No se trata de un debate nuevo, pero sí de uno que hoy adquiere una
dimensión distinta a la luz de la situación de inseguridad que en las últimas semanas volvió a
repetirse en la Provincia de Buenos Aires en particular.

Durante años, algunos sectores de la política insistieron en sostener un enfoque que, bajo el
argumento de proteger derechos, terminó consolidando un sistema que no ofrece respuestas
ni a las víctimas, ni a la sociedad, ni tampoco a los propios menores involucrados en hechos
delictivos. Del mismo modo, mantener la edad de imputabilidad en los 16 años, como
proponen la izquierda y el kirchnerismo, no ha demostrado ser una solución frente a una
realidad que cambió de manera profunda y que exige respuestas acordes al tiempo que
vivimos. Hoy es innegable que una parte de los delitos graves (robos violentos, entraderas,
ataques con armas, e incluso homicidios) cuenta con la participación de menores que se
encuentran por debajo del umbral de responsabilidad penal. En la Provincia de Buenos Aires,
este fenómeno no solo pone de manifiesto una creciente sensación de impunidad, sino que
además alimenta prácticas criminales en las que menores son utilizados deliberadamente por
adultos para eludir sanciones más severas.

Frente a esta realidad, la iniciativa impulsada por el Presidente Javier Milei de reducir la edad
de imputabilidad a los 14 años no debe leerse como un gesto punitivo, sino como un
ordenamiento necesario del sistema jurídico, orientado a restituir un principio básico: quien
comete un delito debe asumir una responsabilidad acorde a su conducta, dentro de un régimen
diferenciado por edad, pero sin zonas liberadas normativas ni vacíos legales que terminan
jugando a favor de los delincuentes.

La experiencia comparada en la región resulta ilustrativa y desmiente muchos de los
argumentos que se repiten de forma automática en el debate local. Chile establece la
responsabilidad penal adolescente desde los 14 años, con un sistema específico que combina
sanción, control judicial y medidas socioeducativas. Uruguay también fija ese umbral y cuenta
con un régimen que distingue claramente entre adultos y adolescentes, sin renunciar a una
respuesta penal frente a conductas graves. Brasil, por su parte, mantiene un esquema
particular de medidas socioeducativas desde los 12 años al tiempo que reconoce de manera
expresa la intervención del Estado ante delitos graves cometidos por menores. Ninguno de
estos países ha colapsado institucionalmente por haber adoptado esquemas de
responsabilidad penal juvenil más tempranos. Por el contrario, incluso bajo gobiernos de
signos ideológicos distintos, han avanzado hacia sistemas más claros, previsibles y
coherentes, donde el Estado no renunció a su deber de garantizar seguridad ni delegó en la
informalidad o la discrecionalidad judicial la resolución de conflictos penales.

En ese sentido, la propuesta que hoy se debate en la Argentina se inscribe en una lógica
moderna y razonable: responsabilidad penal con garantías, penas diferenciadas, límites
estrictos a la privación de la libertad y un fuerte componente de acompañamiento, supervisión
e intervención interdisciplinaria. Lejos de ignorar los derechos de los menores, el nuevo
régimen los reconoce de manera explícita, pero los integra a un sistema que también protege
a las víctimas y al conjunto de la sociedad.

La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad penal vuelve a ocupar un lugar central
en la agenda pública. No se trata de un debate nuevo, pero sí de uno que hoy adquiere una
dimensión distinta a la luz de la situación de inseguridad que en las últimas semanas volvió a
repetirse en la Provincia de Buenos Aires en particular.

Durante años, algunos sectores de la política insistieron en sostener un enfoque que, bajo el
argumento de proteger derechos, terminó consolidando un sistema que no ofrece respuestas
ni a las víctimas, ni a la sociedad, ni tampoco a los propios menores involucrados en hechos
delictivos. Del mismo modo, mantener la edad de imputabilidad en los 16 años, como
proponen la izquierda y el kirchnerismo, no ha demostrado ser una solución frente a una
realidad que cambió de manera profunda y que exige respuestas acordes al tiempo que
vivimos. Hoy es innegable que una parte de los delitos graves (robos violentos, entraderas,
ataques con armas, e incluso homicidios) cuenta con la participación de menores que se
encuentran por debajo del umbral de responsabilidad penal. En la Provincia de Buenos Aires,
este fenómeno no solo pone de manifiesto una creciente sensación de impunidad, sino que
además alimenta prácticas criminales en las que menores son utilizados deliberadamente por
adultos para eludir sanciones más severas.

Frente a esta realidad, la iniciativa impulsada por el Presidente Javier Milei de reducir la edad
de imputabilidad a los 14 años no debe leerse como un gesto punitivo, sino como un
ordenamiento necesario del sistema jurídico, orientado a restituir un principio básico: quien
comete un delito debe asumir una responsabilidad acorde a su conducta, dentro de un régimen
diferenciado por edad, pero sin zonas liberadas normativas ni vacíos legales que terminan
jugando a favor de los delincuentes.

La experiencia comparada en la región resulta ilustrativa y desmiente muchos de los
argumentos que se repiten de forma automática en el debate local. Chile establece la
responsabilidad penal adolescente desde los 14 años, con un sistema específico que combina
sanción, control judicial y medidas socioeducativas. Uruguay también fija ese umbral y cuenta
con un régimen que distingue claramente entre adultos y adolescentes, sin renunciar a una
respuesta penal frente a conductas graves. Brasil, por su parte, mantiene un esquema
particular de medidas socioeducativas desde los 12 años al tiempo que reconoce de manera
expresa la intervención del Estado ante delitos graves cometidos por menores. Ninguno de
estos países ha colapsado institucionalmente por haber adoptado esquemas de
responsabilidad penal juvenil más tempranos. Por el contrario, incluso bajo gobiernos de
signos ideológicos distintos, han avanzado hacia sistemas más claros, previsibles y
coherentes, donde el Estado no renunció a su deber de garantizar seguridad ni delegó en la
informalidad o la discrecionalidad judicial la resolución de conflictos penales.

En ese sentido, la propuesta que hoy se debate en la Argentina se inscribe en una lógica
moderna y razonable: responsabilidad penal con garantías, penas diferenciadas, límites
estrictos a la privación de la libertad y un fuerte componente de acompañamiento, supervisión
e intervención interdisciplinaria. Lejos de ignorar los derechos de los menores, el nuevo
régimen los reconoce de manera explícita, pero los integra a un sistema que también protege
a las víctimas y al conjunto de la sociedad.