Martes, 14 de Octubre de 2014

Un Estado fuerte y democrático

Por: MARIO OPORTO

Cuando la sociedad pide actos de gobierno, no hace otra cosa que pedir más Estado. El Estado es el objeto y la razón de ser de la sociedad civil y de la política. Incluso aquellos que despotrican contra uno y otras, no hacen otra cosa que demandar más y mejor Estado.

 

Sin embargo, ese mismo discurso que solicita enmiendas a las leyes, organismos eficientes y conductas ejemplares de sus funcionarios, aparece muchas veces revestido de un curioso anarquismo. No hay explicaciones para esas rarezas por las que se condena la existencia del Estado en nombre de un Estado mejor, es decir, más amigable con el mercado.

 

Lo cierto es que desde 2003, el Estado argentino ha sabido mantener una mayor fe social en él que en el anarquismo conservador que preferiría reemplazarlo por los clubes donde se agrupan los poderes de facto, anónimos y casi nunca obligados socialmemente a rendir cuentas. Es justamente en esos clubes donde anidan los discursos destituyentes, y desde donde se piden reemplazos drásticos, particularmente aquellos que pudieran sustituir el poder civil que, a través de los poderes democráticos, les pone límites a sus ambiciones.

 

Desde 2003, el Gobierno ha venido recomponiendo un sistema de prestaciones sociales y control, que es para lo que los estados fueron concebidos. La discusión, entonces, no es si hay que tener o no tener un Estado o –como le gustaba discutir al paleoliberalismo de los años ‘90- si el Estado debe ser grande o pequeño, sino si el Estado gobierna o no gobierna.

 

El Estado como cadete del capital nunca trajo prosperidad a la sociedad argentina. O actúa como un poder que representa lo colectivo o, simplemente, recibe órdenes sectoriales y las cumple. Ese dilema contempla las crisis propias que hacen vivir al Estado. Cuando el Estado argentino, a través de los gobiernos kirchneristas, se prestó a las crisis típicas y lógicas que ocurren en el interior de las disputas de poder, sus detractores se apuraron a considerarlo conflictivo. Pero ¿cuál sería el Estado “ideal”, sin conflictos? Aquel que no disputa poder, que es indiferente a la distribución de la renta y que delega en las coporaciones las decisiones que construyen o anulan el bienestar social.

 

Hagamos la lista "de la conflictividad" de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchnerr, tuvieron conflictos con las corporaciones del campo, las corporaciones mediáticas y las corporaciones financieras, que muchas veces se conectaron entre sí actuando como un organismo. Es evidente que allí donde el Estado actúa produce la resistencia de quienes se niegan a las prestaciones sociales que el Estado está obligado a dar a sus ciudadanos y sostener en el tiempo.

 

Imaginemos que el Estado argentino, catalogado últimamente de "intervencionista" por las fuerzas liberales que se disputan el espacio de la oposición, como si fuese concebible la idea de un Estado meramente testigo, no hubiera intervenido en nombre de la sociedad cuando decidió reestatizar los fondos de pensión y las acciones de YPF, cuando impulsó el matrimonio igualitario, cuando discute la renta con el campo o con la industria, cuando resiste el chantaje de los fondos buitres o cuando pelea a favor del consumidor frente a los aumentos desproporcionados de precios. Imaginemos una Argentina sin Estado y veamos si es posible llamarla Argentina sin faltar a la verdad.

 

La música de la oposición liberal se violenta cuando el Estado aparece. La única idea que tiene de un Estado fuerte está vinculada a la represión, la mano dura y algún tipo de "solución final" a la delincuencia que cada vez repara menos en las formas y en el derecho. Pero son indiferentes al rol social del Estado que compensa las injusticias históricas que originaron sus precursores.

 

 

MARIO OPORTO   Diputado nacional por la provincia de Buenos Aires - Partido Justicialista-

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