Domingo, 1 de Febrero de 2015

La búsqueda del encubrimiento nace en el acuerdo con Irán

Por: JULIO CéSAR STRASSERA

La muerte del fiscal Alberto Nisman conmueve a la Argentina, genera repercusiones más allá de las fronteras de nuestro país y abre innumerables interrogantes. Sin embargo, existe una certeza: se trata de un luctuoso episodio que tiene como principal responsable al Poder Ejecutivo Nacional.

 

Esta responsabilidad es indudable y es necesario que, al analizarla, el enfoque tome en cuenta antecedentes que no pueden dejarse de lado. El más importante es el Memorándum de Entendimiento que nuestro país firmó con la República Islámica de Irán.

 

La rúbrica del acuerdo es la más clara muestra de que las autoridades argentinas apostaban por la impunidad en la investigación del atentado contra la AMIA, el mayor ataque terrorista sufrido en suelo nacional. Se acordó con el enemigo.

 

Tomando prestado un ejemplo que utilizó la diputada Patricia Bullrich, el memorándum es similar a un diálogo imaginario entre Barack Obama y Osama ben Laden para encontrar a los culpables del atentado contra las Torres Gemelas.

 

El único objetivo de ese acuerdo con los iraníes era hacer caer las alertas rojas de Interpol sobre los sospechosos de haber volado la sede de la mutual judía. Así lo planteó, con claridad, el fiscal Nisman.

 

Aunque el Gobierno, tras conocerse que el fiscal denunciaba a Cristina y al canciller, Héctor Timerman, como principales responsables de la búsqueda de impunidad, desmintió que se persiguiera el cese de esas alertas. La sola firma del acuerdo y la comunicación de éste a Interpol desnudan el objetivo perseguido: dejar el atentado en la más cruel impunidad.

 

El memorándum tiene en la muerte de Nisman un complemento trágico, que suma oscuridad a la investigación del atentado contra la AMIA, hoy en un escenario más incierto que nunca, muy lejos de la justicia por las 85 víctimas.

 

Tras la desaparición física del fiscal, hicieron su aparición en escena los argumentos erráticos de la Presidenta, sus funcionarios y la decisión de eliminar la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE). Dichos y medidas sin sustento alguno.

 

Cristina Kirchner había pasado una semana escondida detrás de una pantalla de computadora, elucubrando hipótesis a través de la red social Facebook, hasta que se decidió a aparecer en cadena nacional, algo tan habitual en ella pero que, en este caso de extrema gravedad, tardó mucho en ocurrir. Su mensaje desde la quinta de Olivos, íntegramente vestida de blanco y en silla de ruedas, para dar lástima y ponerse como víctima, es algo muy grave.

 

Los funcionarios que la acompañan en el Gobierno reafirmaron, con sus propias palabras, que son simples marionetas y adulones de la primera mandataria. Sólo repiten los dichos de la señora.

 

En esa cadena nacional de una caradurez extrema, la Presidenta presentó un proyecto de ley para reemplazar la ex SIDE por la nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Pretende, así, sacarse de encima a los servicios que durante más de una década trabajaron para el gobierno kirchnerista. Aún hoy, Cristina disfruta de esa información privilegiada. Si no, ¿cómo sabía que Nisman había dejado a su hija esperando en el aeropuerto de Barajas, como se encargó de remarcar públicamente?

 

Pero lo más grave de la medida presentada por Cristina es que las escuchas telefónicas pasarán a ser potestad de la Procuración General de la Nación; es decir, de Alejandra Gils Carbó, vergonzoso ariete del Gobierno en la Justicia. Una decisión que llevará la impunidad a un nuevo y preocupante nivel.

 

JULIO CÉSAR STRASSERA   Ex Fiscal

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