Martes, 31 de Julio de 2018

Hacia un país con más políticas públicas de contención en el embarazo

Por: PABLO DE LA TORRE

Sabrina llegó en noviembre de 2015 al Hospital Larcade con problemas de salud y con un embarazo sin controlar. Hubo que hacerle una cesárea de urgencia. Inmediatamente fue ingresada al Programa Municipal 1000 Días. Desde ese momento, a ella y a su hijito, Mateo, les fue asignada una acompañante familiar, que garantizaría el acceso de ambos al sistema de salud, al mismo tiempo que les brindaría la ayuda y la contención que los dos necesitaban en ese momento tan importante de sus vidas.

 

Hasta ese momento, Sabrina no salía de su casa. Aunque el Centro de Salud le quedaba cerca, no se hacía los controles y carecía de ánimo para hacer nada. Nunca tuvo amigas y solo estudió hasta quito grado. Se quedaba encerrada y su marido hacía changas.

 

En julio de 2017, fue dada de alta del programa. El cambio era llamativo, ella misma lo reconoce. El solo hecho de hablar con Doris, su acompañante, la ayudó a volver a tener fuerzas, ganas, a tomar conciencia de la importancia de ocuparse de la salud de sus hijos y de la suya propia, porque ella era importante, ella tenía que estar bien porque su familia la necesitaba. Ahora quiere seguir estudiando para poder terminar la escuela.

 

Casos como el de Sabrina corren riesgo de desaparecer. No porque serán superados, sino porque serán eliminados. Afrontar la adversidad y salir adelante ya no será una posibilidad si se aprueba la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Que, en situaciones como esta, poco tendrá de "voluntaria".

 

La decisión fundamental que tienen enfrente los senadores, el debate que subyace es entre dos modelos de país. Uno en el que se trabaja para resolver los problemas de fondo y en el que se protege al más vulnerable. Y otro en el que se recurre a un facilismo importado y se elimina al más débil.

 

Debemos ser claros y dejar de hablar con eufemismos. El aborto es matar a un niño. De aprobarse esta ley, habrá niños argentinos que, en democracia, no van a poder nacer, no van a poder jugar, amar, reír o llorar. Pero no solo ellos serán víctimas. Miles de mujeres quedarán destruidas. Ya no habrá posibilidad de superar la adversidad o salir adelante, porque la muerte del hijo es irreversible. Poco se habla de esto, pero he visto las secuelas del síndrome post-aborto y es algo realmente devastador. Ninguna madre que haya dudado en continuar con su embarazo se arrepiente de haberlo hecho con el niño en sus brazos, no puedo decir lo mismo de las que han abortado.

 

Es por esto que debemos trabajar en las causas, en revertir la situación de desigualdad que lleva a una mujer a considerar el aborto como opción. No podemos mirar para otro lado. La vida de estos niños y mujeres está en riesgo, por situaciones profundas que van más allá de los embarazos no deseados.

 

En la Municipalidad de San Miguel decidimos hace muchos años trabajar por el país en el que la vida del otro importa. En el que toda vida vale. Por ello, creamos una política pública que no se queda esperando, sino que va en búsqueda de las mujeres para solucionar los verdaderos problemas y cambiar la historia de las familias.

 

En este sentido, el primer paso fue descentralizar el sistema de salud público municipal, fortaleciendo y equipando 19 Centros de Atención Primaria de Salud repartidos por todo el distrito. En ellos se efectúan las primeras acciones de prevención y asistencia sanitaria. Su labor está respaldada por los dos hospitales, también municipales.

 

A pesar de la amplia cobertura del sistema público de salud, en el año 2016 detectamos que el 50% de las mujeres no controlaba su embarazo, situación que impactaba directamente en la morbi-mortalidad materno-infantil. Fue necesario, entonces, salir a buscar a las embarazadas que, por algún motivo, quedaban fuera del sistema sanitario.

 

Fue así que se creó El Camino de la Embarazada, cuya finalidad principal es, a través de operativos barriales, buscar casa por casa a estas mujeres que de otro modo transitarían su embarazo sin cuidado alguno, para garantizarles el acceso a los controles médicos y una adecuada preparación para el parto.

 

Con esta estrategia, los embarazos sin control se redujeron un 20% y la mortalidad infantil pasó de un 12‰ a un 8,1‰, por debajo de la media provincial.

 

Desde el año 2015, está en marcha también el Programa 1000 días, que, a través de un equipo de acompañantes familiares, realiza visitas domiciliarias periódicas a mujeres y sus hijos menores de dos años en situaciones de extrema vulnerabilidad. El objetivo es brindarle contención, apoyo y herramientas a la madre para que fortalezca su propia autoestima y sea capaz de cuidar de su hijo y hacerse cargo de su familia.

 

Paralelamente, se brindan talleres de preparación para la maternidad, cursos de crianza, se facilitan mejoras habitacionales, se entrega leche, hierro, alimentos y, de ser necesario, se acerca asesoramiento de la dirección de violencia familiar.

 

La reciente evaluación del programa realizada por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) ha arrojado resultados muy alentadores. Además, destaca que es un ejemplo no frecuente de política integral dirigida a la niñez porque su diseño prevé una atención conjunta de las necesidades de salud, vivienda, nutrición y cuidado de cada familia.

 

Lo anterior se complementa con el acompañamiento específico a niños prematuros con el programa Al Fin en Casa, y la entrega de catres para prevenir la muerte por colecho a través del programa Acunar.

 

Dando un paso más en la proyección del futuro, buscando igualar las oportunidades al momento del ingreso al sistema formal de educación, creamos los Centros de Desarrollo Infanto Familiares (CDIF) que están dedicados a brindar contención y estimulación a los niños de 45 días a 3 años. Este espacio representa además la posibilidad de tener un lugar seguro donde dejar a los hijos mientras la madre trabaja o estudia.

 

Toda esta tarea se lleva adelante con presupuesto municipal. Cuánto más se podría hacer si invirtiéramos tiempo y dinero en pensar una política pública nacional que garantizara los derechos de las mujeres y de los niños. Porque, créanme, años de trabajo en barrios humildes no hacen más que confirmar que el debate por el aborto responde a una postura ideológica y no a una necesidad real de la gente.

 

 

PABLO DE LA TORRE   Secretario de Salud y Niñez del Municipio de San Miguel

#423