Viernes, 23 de Enero de 2015

Ante la gravedad: investigaciones transparentes, serias y rápidas

Por: MANUEL GARRIDO

En 2009, el abogado Rodrigo Rosenberg anunciaba en Guatemala que el gobierno de ese país estaba involucrado en el homicidio de un empresario y de su hija, y advertía que si algo le pasaba a él mismo era porque el propio gobierno lo habría ordenado.

 

Pocos días después, Rosenberg fue asesinado en la calle. La difusión del video en el que hacía al gobierno de Alvaro Colom responsable de su propia muerte fue seguida de movilizaciones callejeras a las que la gente iba vestida de blanco pidiendo la renuncia del Presidente. El escándalo y la conmoción pública, y las conspiraciones subterráneas, hicieron que el Presidente tambaleara en su cargo. Solo la investigación profunda de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) pudo develar una trama verdaderamente cinematográfica: inducido por agentes de inteligencia, Rosenberg había tramado y encargado a sicarios su propio homicidio con el objetivo de vengarse del Presidente, a quien creía responsable del homicidio de su novia.

 

La aparente similitud o no con el caso del fiscal Nisman solo podrá ser determinada en base a investigaciones serias de órganos confiables.

 

La sombra de la interna de la ex SIDE, presente en la investigación del atentado, en la conformación de la propia fiscalía ocupada por Nisman y en la última denuncia de éste, debe ser determinada con precisión.

 

Lamentablemente, la intromisión de los propios órganos de inteligencia en la administración de Justicia y la partidización de la Procuradora General de la Nación complican la credibilidad de las investigaciones que deben llevarse a cabo, tanto sobre los hechos que denunció Nisman como sobre su propia muerte.

 

A fin de evitar el escepticismo, debería otorgarse la mayor transparencia a las pruebas que se reúnan e inclusive debería promoverse una pluralidad de instancias del Estado con visibilidad y control de las investigaciones, como por ejemplo equipos de fiscales, comisiones del Congreso y la intervención de la sociedad civil.

 

Es necesario que se investigue seriamente, con rapidez y aventando cualquier suspicacia sobre las conclusiones a las que se arribe.

 

La gravedad de la situación hace imprescindible también que en el Congreso se active inmediatamente la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia.

 

Este nuevo suceso pone otra vez a la vista la amenaza sobre las instituciones democráticas de organismos de inteligencia que la política no ha sabido modificar ni adecuar.

 

MANUEL GARRIDO   Diputado Nacional por la UCR

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